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16 viviendas inspeccionadas y 6 nuevos inmuebles detectados. Estos son los primeros datos extraídos tras la celebración de la segunda reunión de trabajo realizada por la Unidad de Control del Empadronamiento en Lorca (UCP), que recordemos se realiza cada 15 días y de manera conjunta y trasversal con Urbanismo, Policía Local, Secretaria general y Estadística.
En palabras de la concejal de Control del Padrón, Belén Pérez: “como consecuencia de la puesta en marcha de esta UCP, se ha detectado desde el servicio de estadística un freno en el número de solicitudes de alta en el Padrón Municipal de habitantes; lo que indica claramente que se está consiguiendo uno de los objetivos principales que conllevaba la puesta en marcha de esta Unidad: su efecto disuasorio como derivada de las acciones llevadas a cabo.
Asimismo, dentro del balance realizado y en línea con el seguimiento de las actuaciones iniciadas, han sido ya 16 viviendas las que han sido inspeccionadas; y, como consecuencia de esas visitas, se han emitido ya los 16 informes relativos a esas incidencias por parte de Policía Local, derivando, por tanto y de inmediato, las actuaciones pertinentes a otros servicios municipales como Urbanismo y Catastro.
Con este órgano de control, aunque ya se estaban realizando actuaciones previas por parte del Servicio municipal de Estadística, lo que se ha conseguido, además, es lograr una mayor coordinación y, por supuesto, una mayor agilidad a la hora de realizar comprobaciones respecto a las falsedades que se pudieran presentar en el Padrón Municipal.
Recordemos que la Unidad de Control del Empadronamiento, UCE, del ayuntamiento de Lorca, es un órgano que actúa de manera transversal y en la que concurren Urbanismo, Policía Local, Secretaria general y Estadística, y su objetivo fundamental es detectar y combatir todas aquellas irregularidades cometidas por los ciudadanos en relación a sus obligaciones con respecto al Padrón municipal, en aras de la adecuación y adaptación del Padrón municipal a la realidad de nuestra ciudad; una de las líneas de trabajo prioritarias del Ayuntamiento bajo la idea de desmontar el modelo de ciudad dormitorio que se ha extendido por algunos de los lugares del municipio. Todo ello, bajo la premisa -además- de favorecer la lucha contra la infravivienda y la inclusión de aquellos que viven en esas circunstancias.
Según su régimen sancionador, por el incumplimiento de la norma, estas multas pueden ir desde 750 euros a 3.000 euros, pudiendo afectar no solo al propietario, sino también a los moradores. Y que incluso se podría “cursar la baja por inscripción indebida a quienes figuren empadronados incumpliendo los requisitos”, según indicó el pasado martes el alcalde Fulgencio Gil, tras la celebración de la primera reunión de este órgano de control.
Tras esta segunda reunión, Belén Díaz, además, ha querido destacar el “enorme esfuerzo de funcionaros, técnicos y especialistas que participan de manera activa dentro de esta Unidad; así como la previsión de que se intensifiquen las labores de inspección, tanto en el centro del municipio como en pedanías; animando a que cualquier vecino o usuario se ponga en contacto con el Ayuntamiento para denunciar cualquier circunstancia sospechosa en relación a posibles infracciones”.
Escrito por Redacción
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