La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz Caballero, durante la visita a un centro de desarrollo infantil y atención temprana.
Se publica en el BORM la Orden por la que las entidades prestadoras del servicio autorizadas podrán concertar con la Administración autonómica para atender a los niños de 0 a 6 años con dificultades en su desarrollo
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Conchita Ruiz CaballeroConsejera de Política Social, Familias e Igualdad
El Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) publicó ayer la Orden por la que se aprueba el modelo de concierto social para la prestación del servicio de atención temprana, con lo que el Gobierno regional amplía la posibilidad de poder recibir cobertura a los niños de 0 a 6 años con dificultades en su desarrollo o con riesgos de padecerlas.
Con este concierto social, promovido por la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, que desarrolla la Ley 6/2021, de 23 de diciembre, la atención temprana podrá ser realizada con financiación pública por todas las entidades privadas de la Región de Murcia que se encuentren autorizadas por la Consejería y que concierten con ella.
El Gobierno regional avanza de este modo en la puesta en marcha de un sistema público de atención temprana, de carácter universal y gratuito, en el que es clave la implicación de los centros de desarrollo infantil y atención temprana (CDIAT), con independencia de su titularidad, con el objetivo común de favorecer el óptimo desarrollo de los menores y su plena integración social.
La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz Caballero, afirmó que “damos un gran paso, porque logramos aumentar las posibilidades para que muchos niños puedan recibir antes atención temprana y en el centro que elijan sus padres”. De esta manera, subrayó, “garantizamos la universalidad y gratuidad de un servicio que es esencial en los primeros años de vida”.
Ruiz Caballero también recordó que “nunca debemos olvidar la loable labor que realizan los profesionales de los centros de atención temprana que atienden a los niños”, agradeciéndoles su importante trabajo.
El nuevo modelo de acuerdo de concierto social para la prestación del servicio de atención temprana define las características con las que deberán prestar el servicio las entidades privadas titulares de CDIAT que concierten este servicio con el IMAS, así como la forma de financiación del servicio, que se realizará a través de pagos mensuales de las sesiones realizadas.
Para garantizar la gratuidad de la atención temprana, el Gobierno regional destinó alrededor de 7,5 millones de euros en 2022, con un incremento de 2,5 millones con respecto al año anterior.
En 2023, el Gobierno regional tiene previsto destinar 11 millones de euros a financiar la prestación del servicio de atención temprana, aumentando en 3,5 millones de euros la financiación del año anterior. Un servicio gratuito que es fundamental para superar trastornos en el desarrollo durante los primeros años de vida.
El nuevo concierto social recoge el perfil de los profesionales que deben integrar el equipo de atención temprana y también las ratios mínimas exigibles, y contempla tanto la atención directa, a través de sesiones que pueden realizarse en el centro y también en el entorno natural de los niños (por ejemplo, el centro educativo), como la atención indirecta (prevención primaria y secundaria, coordinación, etc.).
En las próximas semanas se realizará una oferta del servicio, en la que podrán participar todos los centros de atención temprana autorizados por la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, y se prevé suscribir los conciertos sociales antes de que finalice el mes de marzo.
En la actualidad más de 4.500 menores están recibiendo de forma gratuita el servicio en cualquiera de los 38 CDIAT que reciben subvención del IMAS. Con la entrada en vigor del concierto social, el número de CDIAT que presten el servicio será mayor.
Gracias a la ley, las familias no copagan la atención temprana como hacían antes. Durante los 18 meses que lleva aprobada la norma, más de 5.000 menores se han beneficiado de su gratuidad. El tiempo medio de espera de una familia para recibir la resolución administrativa que reconoce el derecho al servicio es de 40 días.
La ley ha permitido que la atención temprana sea un derecho reconocido de los menores que lo necesitan, previa valoración de los pediatras y los equipos técnicos de orientación y valoración de la Consejería de Educación.
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